Los obstáculos que enfrenta el proceso de implementación del Acuerdo de Paz firmado por el Gobierno Nacional y las extintas FARC-EP, siguen siendo pan de cada día. Desde enero de 2022 se agudizó la guerra en Arauca, lo que ha significado el desplazamiento y confinamiento de catorce formas asociativas de firmantes de paz en este territorio. El hecho se suma a la situación de vulnerabilidad e inseguridad que enfrentan los y las excombatientes en todo el país y al incumplimiento sistemático por parte del Gobierno Nacional de lo pactado. Estamos ante una falta absoluta de garantías para la reincorporación, lo que pone en jaque la integridad y el futuro de los exguerrilleros que le apostaron a la paz.

Actualmente en los municipios de Tame, Fortul, Saravena, Arauca y Arauquita se han desplazado y confinado forzosamente 14 formas asociativas que deben ser reubicadas con sus proyectos productivos, lo que implica dejar atrás todo lo construido en más de cinco años de reincorporación.

“Hoy nuestros proyectos productivos colectivos e individuales quedaron abandonados sin ningún tipo de asistencia técnica para garantizar la sostenibilidad de los mismos y con nulas posibilidades de continuidad en su implementación”, expresa la Coordinadora Regional de Formas Asociativas en Arauca en una carta dirigida a Emilio Archila, Consejero Presidencial para la Estabilización y Consolidación.

La situación que enfrentan los firmantes de paz en Arauca se suma a una serie de desplazamientos de las formas asociativas de Ecomun en Ituango, Antioquia; Buenos Aires, Cauca; La Macarena y La Uribe, Meta. La amenaza latente a la vida de quienes están construyendo sus proyectos productivos es el reto fundamental que deben enfrentar quienes apuestan por la construcción de una paz estable y duradera.

Sin acceso a la tierra: otro incumplimiento del Gobierno Nacional

“Otro obstáculo urgente a resolver es el acceso a la tierra porque, aunque está contemplado en el Acuerdo final, no se ha avanzado en la implementación”, señala Juan Camilo Londoño, miembro del Consejo de Administración de Ecomun.

A pesar de que existe un decreto que posibilita a los excombatientes el acceso a la tierra por medio de predios en poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y de que las instancias de gobierno encargadas de la reincorporación han prometido predios para todos los colectivos desplazados, no se ha avanzado de una manera eficiente en la entrega de tierras a las organizaciones de excombatientes.

El llamado de las formas asociativas desplazadas, específicamente en Arauca, es a la gestión de tierras para proyectos productivos, en suma, a que el Gobierno Nacional cumpla con el Acuerdo de Paz. Indigna que una de las causas fundamentales del conflicto armado siga sin ser resuelta.

La escasa financiación para las actividades económicas, obstáculo latente

Los proyectos productivos que impulsa Ecomun tampoco cuentan con la financiación a la que se comprometió el Gobierno Nacional, lo que impide el desarrollo oportuno de los negocios sostenibles para los firmantes de la paz. De no ser por los mecanismos de Cooperación Internacional la desfinanciación y el abandono institucional sería total: “Un caso emblemático es el proyecto Piscicultura del Común. El Gobierno Nacional se comprometió a poner 800.000 euros y hace tres años estamos en la brega para que se hagan los desembolsos”, cuenta Londoño.

Urge que el Gobierno Nacional se comprometa con la paz, que el proceso de reincorporación que transitan los excombatientes de las FARC-EP cuente con las garantías necesarias en términos de seguridad, derecho a la vida, financiación y acceso a tierras. No pueden seguir asesinando sistemáticamente a quienes entregaron las armas como muestra de paz, sin que las instituciones tomen medidas al respecto. La paz, que es una conquista del pueblo colombiano, la defendemos entre todos y todas.